Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Juzgado condena a la Nación y al Ejército por caso de ‘Falsos Positivos’ en Tolima

El tribunal administrativo tomó la decisión luego de valorar las evidencias y testimonios que muestran la responsabilidad del Estado y la Institución en las muertes extrajudiciales.

Un gran paso para la reparación de las víctimas y cumplimiento de la verdad se dio este miércoles 13 de enero, luego que por decisión del Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué se considerara que la muerte de Marco Fidel Angel, fue producto de un actuar injustificado y criminal por parte de miembros del Ejército Nacional, significando un crimen de Estado que ahora deberá reparar a las víctimas por lo sucedido.

Según los reportes conocidos por el juzgado que tomó la decisión, el crimen contra Fidel Angel se dio por un grupo de uniformados que “se desviaron del servicio que les fue encomendado”. La decisión obliga además a que las víctimas sean reparadas económicamente por perjuicios morales debido a la pérdida de su ser querido por un acto “injustificado”, adviertió el tribunal en su decisión.

Otro aspecto del proceso de reparación que arrancará dentro de poco es la atención médica y psicológica que recibirá la señora Gilma Torres Varón y su hija, quienes son directamente las más afectadas por el crimen. Finalmente, en todo el proceso de reparación, los afectados podrán escoger si se realiza un acto público en honor a la memoria de su familiar, ceremonia que en caso de realizarse sería presidida por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, a nombre de las Fuerzas Militares, su despacho y la Nación.

Es de destacar que el proceso legal mantuvo versiones distintas, donde en defensa de la Nación, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, se distanció de las versiones de las víctimas asegurando que Marco Fidel Ángel era militante de una organización ilegal, por lo que el ataque en su contra a manos de miembros del Ejército fue un acto que está protegido por el mandato constitucional sobre la defensa del orden público y la Soberanía Nacional.

Sin embargo, pese a los argumentos dados por la defensa y el intento de hacer ver que el hombre abatido era parte de un grupo ilegal, las evidencias del caso hicieron que el tribunal invalide el testimonio entregado por los militares y haciendo valer las denuncias de las víctimas, quienes ahora esperan todo el proceso de reparación y de reivindicación de la memoria de su familiar.