El Ejecutivo calificó como infundada la información del Comité contra la Desaparición Forzada y pidió aclaraciones sobre el origen de las cifras.
El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, rechazó categóricamente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que señaló la presunta existencia de 20.000 cuerpos no identificados almacenados en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que esta afirmación es infundada y carente de sustento, lo que ha generado confusión y afectado la confianza en el informe. “Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país, afectando la confianza en el informe presentado”, expresó la Cancillería, liderada por Luis Gilberto Murillo.
Exigen explicaciones y verificación de la información
El Gobierno anunció que presentó una nota verbal de protesta ante el comité de la ONU, exigiendo explicaciones claras sobre el origen de esta información, que según el organismo internacional, provendría de fuentes estatales colombianas. “El Gobierno subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas”, concluyó el comunicado.
Por su parte, la experta del comité, Carmen Rosa Villa, afirmó que los datos provendrían del Instituto de Medicina Legal y que se referirían a cuerpos resguardados por falta de otro lugar adecuado. Sin embargo, esta versión contrasta con los hallazgos de la Procuraduría, que tras inspeccionar los 27 hangares del aeropuerto no encontró evidencia de sitios habilitados para conservar restos humanos ni indicios de la cifra mencionada.
Embajador colombiano pide prudencia
El embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón, indicó que el informe presentado por el comité no es definitivo y que las afirmaciones podrían estar basadas en información preliminar. Según Gallón, la presidenta del comité afirmó que los datos recibidos provienen de fuentes confiables, presuntamente de una entidad estatal.
Pese a esto, el Gobierno reafirmó su compromiso con la erradicación de la desaparición forzada en el país, pero insistió en la importancia de garantizar la rigurosidad en la información para evitar daños a la confianza en los organismos internacionales.
