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Gobierno habría pedido a la Corte Constitucional tumbar decreto de auxilio a servicios públicos

Revista Semana entregó nuevos detalles sobre la decisión tomada por la Corte Constitucional respecto a los subsidios a servicios públicos que fueron cancelados.

Gran preocupación e indignación ha generado la reciente decisión tomada por la Corte Constitucional, luego de hacer una revisión al decreto 580 de 2020, el cual pretendía subsidiar algunos servicios públicos como el agua o el alcantarillado debido a la pandemia, pero que terminó echándose para atrás por irregularidades en su aprobación.

La decisión se dio luego de revisar la documentación del decreto, la cual, aunque contaba con la firma del presidente Iván Duque, no contaba con la del resto de integrantes de su gabinete ministerial, faltando el ministro de Salud, Fernando Ruiz y la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, lo cual hacía inconstitucional la aplicación del decreto y tuvo que declararse como inexequible.

Sin embargo, una reciente publicación de la Revista Semana ha revelado cómo la decisión no se dio por una simple revisión, sino que el Gobierno Nacional estuvo enterado de las fallas, por lo que preveían que la Corte Constitucional terminaría por tumbar el decreto. Al parecer desde la Presidencia de la República se citó el viernes de esta semana a una reunión de urgencias entre miembros del Gobierno para buscar una solución a futuro, pues conocían de antemano la decisión de la alta Corte.

Los problemas en el proceso de aplicación del decreto se habrían presentado debido a la labor desempeñada por la secretaría jurídica de Palacio, Clara María González, quien llamó directamente al alto tribunal para que declarara inexequible el decreto 580, pues tenían pleno conocimiento de las firmas faltantes de los ministros Ruiz y Torres.

Según advierte Semana, la secretaria jurídica, terminó por aceptar su responsabilidad en los errores del proceso, afirmando que la funcionara asumiría las cargas procesales y responsabilidades que implica un fallo de esas características. Mientras tanto, la incertidumbre sobre qué pasará con los colombianos que requieren de un subsidio para el pago de sus servicios sigue estando presente, y no se tiene claro sobre qué camino tomará el Gobierno Nacional.