Dando cumplimiento a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las medidas a corto plazo para garantizar el derecho a las manifestaciones públicas ya son un hecho.
El documento que garantizará las protestas en el país, contiene deberes y responsabilidades que los alcaldes, gobernadores y organizadores de las movilizaciones deberán tener en cuenta para evitar alteraciones al orden público y eventos violentos, como los presentados en las últimas manifestaciones dadas por el asesinato de Javier Ordóñez.
Ahora, de acuerdo al protocolo establecido, antes de la realización de una manifestación, cada departamento deberá activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que trabajarán conjuntamente la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, los Bomberos y Defensoría del Pueblo; y, de ser necesario, el ICBF, Migración Colombia y voceros del Gobierno Nacional también podrán hacer parte.
De igual forma, las administraciones municipales deberán implementar los centros de traslado para protección, o establecer un lugar de paso adonde puedan ser conducidas las personas que, debido a determinada manifestación, se encuentren en estado de indefensión o exaltación.
En cuanto al papel de la Fuerza Pública dentro de las protestas, el Gobierno estableció que los miembros de la Policía Nacional deberán capacitarse en Derechos Humanos, y solo podrán actuar cuando se presente algún acto violento que pueda alterar el orden público. Por otra parte, la ciudadanía deberá ser capacitada para actuar oportunamente ante cualquier situación de emergencia en la que se deban activar planes de desarme de armas blancas con el objetivo de proteger la vida.
Además, los organizadores de las manifestaciones tendrán que presentar un documento de carácter informativo como requisito para que cualquier movilización pueda darse; en este, tendrá que indicarse la razón de la protesta, fecha en la que se realizará, número aproximado de participantes, el recorrido que se hará, hora de inicio y posible hora de finalización. Lea aquí más al respecto.
