Aunque en los últimos meses se han agudizado los mensajes invitando a la solidaridad, los funcionarios públicos parecen querer hacerse ajenos a las necesidades de los colombianos.
Un indignante caso de “egoísmo” fue conocido hace un par de minutos, luego que se conociera que una procuradora de la ciudad de Armenia, logró evitar el pago de un impuesto solidario con el que se busca ayudar a las personas más afectadas económicamente durante la cuarentena.
La funcionaria pública logró que su sueldo que supera los 28 millones de pesos quedará intacto, luego de entutelar a la propia Procuraduría General de la Nación, solicitando que a su salario no se le aplique el impuesto colaborativo como a otros trabajadores públicos, pues advierte que su trabajo es su única fuente de ingresos y que sin los recursos completos no puede hacerse cargo de sus obligaciones financieras.
Uno de los fundamentos fácticos plasmados en la tutela afirma que la suma de los recortes en su salario por motivo de los impuestos implementados en estos meses llegaría a superar los 9 millones de pesos, de las cuales $5.266.986 se dan debido al impuesto solidario por el Covid-19, impulsado por el Gobierno para que los funcionarios que con grandes sueldos contribuyan a mejorar las condiciones de vida de colombianos en condiciones críticas.
Teniendo en cuenta ese recorte considerable al salario de la procuradora, su abogado argumenta que sus ingresos serían insuficientes para que su defendida pueda hacerse cargo de todas sus obligaciones, las cuales estarían cerca de los 20 millones de pesos y que al descontarle los impuestos de solidaridad le darían un salario de 18 millones, quedando con un saldo negativo de casi dos millones de pesos.
Pese a que la decisión fue tomada, la Procuraduría General de la Nación, explicó cómo vinculante de la acción de tutela que las razones entregadas por la funcionaria generan varias dudas, pues habla sobre obligaciones que le genera una propiedad que en teoría también debería generarle ingresos que estaría omitiendo.
“Llama la atención como la promotora describe sus gastos e infiere que no le es suficiente con un monto aproximado de $20.000.000 mensuales para suplir sus necesidades, en las cuales incluye emolumentos como el mantenimiento de una finca cafetera”, afirmó el ente de control en su defensa.
