El ente investigador afirmó que las acciones tomadas recientemente contra los dos uniformados no tiene que ver con su rol en la investigación contra el ‘Ñeñe’ Hernández.
La figura del fiscal general Francisco Barbosa, junto la de todos los miembros de la entidad se ha visto fuertemente cuestionada a lo largo de la semana tras la decisión de capturar a dos miembros de la Dijín que investigaron al ganadero y testaferro Jose Guillermo ‘El Ñeñe’ Hernández, y que terminó con el destape de una supuesta compra de votos en la costa atlántica, pues se llegó a afirmar que la decisión tendría que ver con la cercanía de Barbosa con la del presidente Iván Duque.
Ante las numerosas suspicacias que levantó la captura del mayor de la Policía Nacional Jefferson Fabián Tocarruncho y el sargento Miguel Velásquez, el fiscal encargado del caso, Daniel Hernández, aclaró que la acción de la Fiscalía no tiene que ver con el caso de la ‘Ñeñepolítica’ y manifestó que los audios interceptados al ‘Ñeñe’ si fueron legales.
Sobre ese aspecto, el fiscal Hernández aseguró que las interceptaciones telefónicas que realizaron en conjunto los agentes del CTI y de la Dijín en contra del ganadero y presunto narcotraficante si se dieron en un marco de legalidad, pues explicó que los uniformados operaron bajo los parámetros que exigen las normas vigentes para realizar ese tipo de acciones investigativas.
“Este caso tristemente se ha politizado, dándole un tinte distinto al que tiene; en ningún momento se está investigando el actuar de ustedes frente a las investigaciones que se desarrollaron al ‘Ñeñe’ Hernández o a la organización de ‘Marquitos Figueroa’, o que se esté atacando esas interceptaciones”, afirmó el delegado del ente investigador.
Habiendo aclarado dichas dudas, el fiscal a cargo comentó durante la audiencia de imputación de cargos contra los uniformados capturados que la investigación en su contra se debe a las presuntas interceptaciones ilegales que estos habrían hecho contra cinco uniformados de la institución, por lo que incurrieron en varios delitos respecto al uso de la inteligencia militar.
“Ustedes sabían que interceptar esos teléfonos en ese proceso generaría una ilegalidad y aún así la mantuvieron (…) hasta el final en la orden de cancelación se falsificó la información suministrada por el subintendente Frank León, presentando a la fiscal información distinta; entonces se observa que ustedes sabían que esto era ilegal y sabían que estos hechos están prohibidos en Colombia”, concluyó el fiscal Hernández.
