El reclamo viene por parte del gobernador de San Andrés, quien asegura que el esposo de la vicepresidenta incluyó parte de una playa pública en un proyecto hotelero.
Según un informe publicado por Caracol Radio, cuyos datos vienen recopilando desde 2019, se tenía información de que Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a través de su empresa Hitos Urbanos, estaba trabajando en un proyecto en el departamento de San Andrés para la construcción del Grand Sirenis, un complejo hotelero que busca ser el más ambicioso de toda la isla.
Dicho proyecto no solo estaría acompañado por el trabajo de Rincón sino además con el apoyo del clan Gallardo, el Partido Liberal, una de las familias más poderosas de San Andrés, y la Alianza Fiduciaria, por lo que son muchos intereses que se estarían moviendo alrededor del proyecto, señala el medio radial.
No obstante Grand Sirenis obtuvo una licencia de construcción con irregularidades, siendo una de las más graves de todas que el edificio sobrepasó los límites de altura, factor que es motivo de penalización. Caracol Radio asegura que dicha anomalía fue registrada en 2016, luego de la obtención de la licencia de Hitos Urbanos.
Lo complicado con dicha licencia expedida por el secretario de Planeación de San Andrés en 2016, es que permitió que el proyecto se hiciera con seis pisos más de los permitidos. Sin solucionar ese aspecto, una de las opciones era que el proyecto subsanara esa falta con la comunidad con la entrega de algún predio como compensación, u alguna obra más concreta pensada para la ciudadanía.
En compensación, Hitos Urbanos entregó una cancha y el arreglo de una playa, con la casualidad de que dicha plaza está ubicada justo en un lugar donde la vicepresidenta, su esposo y otros socios de Hitos Urbanos tienen apartamentos u otras propiedades, generando muchas molestias entre los habitantes de la isla y sus dirigentes.
Sumando a todo lo señalado anteriormente, el proyecto hotelero Grand Sirenis incluía en su oferta una playa privada, la cual aseguran que se trata de un bien público y que no podía ser incluída en el paquete de negociación manejado por el consorcio y que de alguna forma terminó en manos del clan Gallardo.
Actualmente, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkings, asegura que la playa es pública y que debe ser restablecida a los ciudadanos lo antes posible, ya que la familia Gallardo, aunque tuvo una concesión de ese terrenos, solo iba hasta 2014.
