Varios militares de alto rango estarían involucrados en el operativo militar que dio con la muerte de varios menores de edad que se encontraban en un campamento guerrillero.
El caso que conmovió e indignó a Colombia en 2019 por la muerte de varios niños y menores de edad por un bombardeo llevado a cabo por el Ejército Nacional pondría en jaque a varios militares. Aunque la noticia en aquel entonces causó grandes molestias entre la opinión pública y algunos sectores políticos, el caso terminó pasando al olvido por el supuesto desconocimiento de las fuerzas militares, sin embargo, todo podría apuntar a que los cuerpos de inteligencia ya estaban al tanto de la situación.
Así lo reveló el medio digital ‘Cuestión Pública’, el cual por medio de una alianza informativa, y luego de obtener varios informes oficiales del Ministerio de Defensa de aquel entonces, logró establecer que varios militares que participaron en la operación estaban al tanto de la presencia de menores de edad dentro del grupo residual, así como su presencia en el asentamiento guerrillero en el que permanecían y que terminó siendo bombardeado por el Ejército.
El medio hizo mención del informe de inteligencia No.937, de supuesto uso exclusivo para el Ministerio de Defensa y del comandante de las Fuerzas Militares. El informe revela que el 24 de agosto de 2019, 5 días antes de darse la ‘Operación Atai’, en el que se advierte sobre el esquema de seguridad manejado por el guerrillero alias ‘Cucho’, quien en aquel entonces era objetivo militar pero que dentro de sus filas solía tener la presencia de niños y jóvenes.
Aquellos datos terminaron siendo ignorados por las autoridades, llevando a cabo el operativo que causó la muerte de por lo menos 8 menores de edad. El medio digital recordó que luego del ataque, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, negó haber aprobado el bombardeo, así como también negó que el presidente Iván Duque tuviera conocimiento del hecho.
“Ante la evidencia de la muerte de al menos ocho menores de edad en una situación totalmente excepcional en un Estado de derecho, y al confrontar las declaraciones del presidente Duque sobre el carácter ‘impecable’ de la operación; las del personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, que había alertado sobre el reclutamiento forzado de menores en la zona; las denuncias del senador Roy Barreras y el trabajo periodístico en la zona del operativo, en Dejusticia estimamos que en este caso faltaba información para poder dar un mejor debate público sobre estos hechos”, comentó Juan Carlos Upegui investigador de Dejusticia.
Lea aquí la investigación completa.
