El gobernador del Magdalena continúa manifestándose en contra de la decisión tomada por la fiscalía de embargar varios de sus bienes, sin embargo, la información que se ha publicado hasta el momento no sería totalmente verídica.
Tras la polémica generada por la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación de embargar los bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, junto con los del secretario de Infraestructura de la Gobernación, Rafael Martínez, los funcionarios han salido con varias declaraciones públicas en su defensa, a la cual se une un comunicado oficial en el que se desmienten algunas de las afirmaciones hechas por el ente acusador.
Basados en las declaraciones de la propia directora de Extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera, Caicedo y Martínez, junto con su partido Fuerza Ciudadana, publicaron un comunicado en el que desmienten varias acusaciones en su contra que apenas están en proceso de ser evaluadas por las autoridades competentes y que debido a declaraciones hechas por la Fiscalía fueron interpretadas por algunos medios y sectores de la opinión pública como una decisión definitiva.
Noguera, quien fue entrevistada por Semana TV, contó cómo la decisión del embargo hacia el gobernador Caicedo no se ha tomado, sino que fue una medida cautelar para evitar cualquier acción sobre los inmuebles mientras se desarrolla la investigación, aclarando que un embargo de esas características solo puede ser autorizado por el juez de la República de extinción de dominio, hecho que desmiente varias de las publicaciones en torno a Caicedo en los últimos días.
“No se ha declarado la extinción del derecho de dominio. El único facultado para declarar la extinción o no del derecho de dominio es el juez de la República de extinción de dominio, que por jurisdicción corresponda en su momento (…) Esto está en curso y no ha concluido (…) la demanda no se ha presentado, por eso al señor no se le ha notificado y, en su momento, como le digo, podrá ejercer su derecho a la legítima defensa”, comentó Noguera.
El comunicado oficial también destaca varios aspectos en los que afirma que el proceso en su contra se dio de manera arbitraria y que estaría mintiendo a la opinión pública, al igual que viola la presunción de inocencia y el debido proceso, destacando hechos como insinuar que sus inmuebles fueron adquiridos por medio de dineros ilícitos aunque estos se hayan comprado años antes de que Caicedo fuese alcalde de Santa Marta.
“No es posible siquiera sostener dicha afirmación, pues es fácilmente verificable en las escrituras de los bienes, que estos fueron adquiridos con probada anterioridad, uno de ellos, incluso, hace 25 años. ¿Cómo se podría utilizar el dinero de unas obras desarrolladas entre 2015 y 2019, para el pago de bienes adquiridos años y décadas atrás?”, finaliza el comunicado.
