La empresa encargada del proyecto de reconstrucción de las islas tras el impacto del huracán Iota ha sido muy cuestionada por los escándalos a los que ha sido vinculada.
Persiste la molestia e indignación por parte de los habitantes de las islas de San Andrés y Providencia en contra del Gobierno Nacional, producto de la promesa incumplida sobre la reconstrucción de las islas tras lo sufrido por el impacto del Huracán Iota, asegurando en su momento que tardarían pocos meses en poder recuperar lo perdido y estabilizar a las familias damnificadas.
Ha sido tal la molestia de los isleños que, pese a las pocas vías en condiciones con las que cuentan, decidieron bloquearlas hasta que el gobierno del presidente Iván Duque haga presencia y los escuche, para explicar de manera detenida sus necesidades ante la situación crítica en la que se encuentran.
Sumado al descontento con la población en el proceso de reconstrucción, se conoció que una de las constructoras que hacen parte del proyecto es GRAMA, dirigida por el empresario Fernando Marín Valencia, está envuelta en varios escándalos por lavado de activos y está involucrada con varios políticos relacionados con casos de corrupción.
Cabe recordar que el empresario fue embajador en varios países durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. De la carrera de Valencia se recuerda la vez que un juez lo envió a casa por cárcel luego de aceptar que cometió el delito de soborno a testigo clave durante la investigación que se adelantaba en su contra por presunto lavado de activos durante el proceso abierto por el carrusel de la contratación en Bogotá.
