El abogado del presidente argumenta que el fuero presidencial limita las acciones del organismo electoral en este caso.
La defensa del presidente Gustavo Petro respondió al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial 2022-2026. Según el abogado Héctor Carvajal, representante legal del mandatario, el organismo electoral está excediendo sus funciones, ya que el fuero presidencial limita las investigaciones a casos penales o disciplinarios, competencia exclusiva del Congreso.
CNE vs. Fuero presidencial: una disputa jurídica en marcha
En el documento presentado este 3 de diciembre, la defensa de Petro argumentó que el CNE no tiene potestad para sancionar al presidente de la República. Basándose en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución, Carvajal afirmó que cualquier proceso en contra del jefe de Estado debe ser liderado por el Congreso, conforme al fuero especial que lo ampara.
Además, el abogado calificó la actuación del CNE como “arbitraria” y señaló que el pliego de cargos vulnera principios constitucionales como el debido proceso, el juez natural y el derecho al fuero presidencial. También afirmó que responder a estas acusaciones podría interpretarse como “cohonestar con una actuación irregular”, lo cual estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación como posible prevaricato.
El caso y el contexto judicial
El proceso abierto por el CNE en septiembre se centra en presuntas irregularidades financieras, con un supuesto exceso de más de $5.300 millones en los topes de campaña durante las elecciones presidenciales del año 2022. Sin embargo, la defensa sostiene que estas acciones buscan debilitar políticamente al presidente y contradicen el marco constitucional.
Por su parte, el CNE defiende su autoridad para supervisar y sancionar campañas políticas, argumentando que las normas del régimen electoral le otorgan competencia en estos casos, incluso si el implicado ocupa la presidencia. En paralelo, decisiones recientes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han respaldado la capacidad del CNE para realizar investigaciones administrativas relacionadas con el financiamiento electoral.
El caso sigue avanzando en medio de un debate jurídico sobre los límites del fuero presidencial y la autonomía de las instituciones electorales.
