Pese a que el megaproyecto va aún en su etapa inicial y de los atrasos sufridos por la pandemia, desde ya se habla de un sobrecosto millonario en la realización de la obra.
Crece la tensión entre los bogotanos que permanecen a la espera de la construcción del Metro, pues las irregularidades que rodean la obra son cada vez más frecuentes. La última anomalía advertida al respecto se dio por parte de la Contraloría de Bogotá, la cual advierte sobre hallazgos administrativos que tendrán que ser investigados por lo que pueden llegar a representar en la construcción del sistema de transporte.
En la información brindada por el órgano de control, ante las anomalías presentadas el caso deberá presentarse ante la Personería de Bogotá y a la Fiscalía General de Nación, ya que puede llegar a representar un sobrecosto en la construcción de la obra de miles de millones de pesos, implicando de forma negativa a la pasada alcaldía y a la actual administración.
Según advierte Blu Radio, el informe presentado por la Contraloría, señala un total de 86 irregularidades dentro del proceso de contratación del proyecto Metro de Bogotá. Entre los hallazgos mencionados, 45 de ellos serían de índole administrativo, 38 de carácter disciplinario y 2 podrían llegar a tener consecuencias penales dependiendo de lo que determine la Fiscalía.
Entre las irregularidades mencionadas por la Contraloría en su documento, se advierte como durante el proceso de selección GT-GCCD-101-2019, la empresa Metro no llevó a cabo el conducto regular que se suele seguir en ese tipo de procesos, señalando que “no efectuó un análisis de los elementos esenciales de planificación que fundamentaron en el estudio de mercado, análisis de sector y los estudios previos, direccionando la contratación”.
La anomalía encontrada en el proceso, según lo declarado por el organo de control, representaría un sobrecosto a la capital de 1.048.223.400 pesos, y que representaría una clara violación de los principios de contratación estatal y los principios constitucionales de la función administrativa.
“La selección de este contratista debió basarse en criterios de objetividad, neutralidad y claridad de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras, que permita una escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración”, advierte el documento, que abre todo un debate publico sobre la gestión realizada por Claudia López como alcaldesa, quien por estas semanas está siendo fuertemente criticada por la ciudadanía.
