CIDH pide al Estado colombiano investigar la muerte de Juliana Giraldo

El ente internacional se pronunció sobre el crimen cometido el día de ayer en zona rural de Miranda, pidiendo al Gobierno de Colombia a investigar y condenar a los implicados.

Pasado un día del asesinato de Juliana Giraldo, la mujer trans que fue atacada por un soldado mientras se movilizaba con su esposo y 2 amigos a su lugar de trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre lo ocurrido debido a la gravedad del hecho y pidió acciones concretas por parte de las autoridades para que se condene a los responsables.

Desde su cuenta de Twitter, el órgano judicial autónomo dio unas declaraciones dirigidas al Estado colombiano respecto a las acciones que debería tomar en los próximos días, resaltando las particularidades del crimen tanto por la forma ilegal en que operaron los uniformados para detener a los hombres, así como las condiciones de la víctima al ser parte de la comunidad LGBTI.

“La @CIDH condena el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, mujer trans, quien falleció como consecuencia de un disparo de un integrante de la Tercera División del Ejército Nacional, en un operativo de control el #24Sept en el municipio de Miranda, Cauca (…) La #CIDH llama al Estado a realizar las investigaciones del caso con la debida diligencia, tomando en cuenta la identidad y expresión de género de la víctima y adoptando medidas de reparación necesarias, además de garantizar #DDHH en las intervenciones de las fuerzas armadas”, comentó la CIDH en su cuenta de Twitter.

El hilo de trinos concluyó haciendo referencia a las recomendaciones han dado al Gobierno Nacional en los últimos meses respecto al uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y cómo ciertos dispositivos no deben ser usados en procedimientos sencillos que no impliquen mayor peligro, lo cual hasta el momento parece ser ignorado al tiempo que se conocen más casos de fallecidos por ataques de miembros de las instituciones militares.

“Al respecto, la #CIDH reitera que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”, concluyó el ente internacional.