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Caicedo fue desvinculado del escándalo de los mercados solidarios

Por orden de la Contraloría General, la investigación que existía en contra del mandatario departamental fue archivada al determinarse que no habían evidencias que confirmen la denuncia.

El gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, sigue consiguiendo que su nombre quede limpio ante el país pese a los intentos de vincularlo con casos de corrupción ajenos a él y su administración, luego que la Contraloría General de la Nación, decidiera archivar la investigación que existía en contra del mandatario por su presu ya responsabilidad en el escándalo de los mercados solidarios en la región.

La decisión fue Dada a conocer por el Contralor Delegado Intersectorial Número 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Germán Marín Zafra, quien luego del estudio del caso determinó que no existían elementos claros para continuar con la investigación y ordenó el archivo del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, PRF-800011-2020-36425.

Dicho proceso fue por el cual se denunció al gobernador Caicedo junto con algunos miembros de su gabinete, incriminandolos por las presuntas irregularidades que se conocieron sobre la celebración del contrato 0210 de 2020 con la empresa Makro. Aquel contrato tuvo como acto administrativo el objetivo de la adquisición de mercados con alimentos, productos de aseo básico y demás elementos de la canasta familiar para las familias más afectadas por la pandemia.

Sin embargo, dicha iniciativa que fue liderada por Caicedo recién arrancó la cuarentena y que fue pensada para ayudar a los más vulnerables y que recibió el apoyo de la ciudadanía, considerada como una de las mejores gestiones de cualquier mandatario en el país, fue criticado y atacado por algunos opositores al gobierno departamental, por lo que luego se dieron las denuncias son re supuesta malversación de fondos públicos.

Habiéndose determinado que no existían pruebas concluyentes sobre las denuncias contra Caicedo y su administración, la Contraloría concluyó el caso argumentando que el contrato que se suscribió el año pasado se suscribió durante un periodo declarado como urgencia manifiesta y que los recursos se usaron para brindar condiciones de vida digna a los más necesitados.

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