Con el escándalo sobre interceptaciones ilegales por parte del Ejército Nacional, que fue revelado por Semana, el general Nicacio Martínez ha quedado en la mira de la opinión pública. Esto debido a que según la investigación de la revista, su salida del Ejército habría estado motivada por este caso, ya que habría participado y facilitado dichas interceptaciones ilegales.
Ante esto, el general Nicacio Martínez, entregó una declaración pública en la que niega cualquier responsabilidad en los hechos denunciados recientemente por la Revista Semana. El uniformado sostuvo que su salida del Ejército Nacional se dio por motivos familiares, y no por el esacándalo de las chuzadas.
Además, mencionó que las denuncias hechas en su contra, están afectando su honra y buen nombre. Por tanto, afirmó que se encuentra preparando acciones legales contra el medio denunciante, según lo expresó a través del comunicado. Cabe mencionar que la Fiscalía le abrió una investigación por su presunta responsabilidad en las chuzadas.
“Mi retiro del cargo de Comandante del Ejército Nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el Sr. Presidente de la República reiteradamente y corroborado por el señor Ministro de la Defensa Nacional”, se lee en uno de los apartados de la declaración por parte del general.
Respecto a lo anterior, uno de los detalles que llama la atención, es la designación del abogado encargado de su defensa en este caso, en contra de los medios o personas que habrían afectado su buen nombre. Se trata del abogado Jaime Granados, quien ha sido apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en varios casos
“He designado como apoderado para que me represente jurídicamente al Doctor Jaime Granados, a quien se podrán dirigir y quién será mi único vocero a partir del momento”, declaró el general Martínez.
Cabe recordar que Jaime Granados, es el apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez la actual investigación que se lleva en contra del exmandatario por manipulación de testigos. Lo anterior llama la atención, debido a que según la investigación de Semana, la magistrada Cristina Lombana, quien llevó el proceso contra Uribe hasta marzo del año pasado, ha sido una de las personas a quienes se le realizaron interceptaciones ilegales.
